La
retirada por parte del Presidente de Gobierno del “Anteproyecto de Ley
Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos
de la Mujer Embarazada”, es una decisión política con unas implicaciones
morales muy graves, dado que la medida del sr. Rajoy condena a cientos
de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos.
El derecho a la vida no es un derecho más, sino uno anterior a todos los derechos, y sobre el que se sustentan todos los demás.
Obviamente, el juicio moral de las políticas desarrolladas por un
gobierno no se circunscribe a la tutela de la vida. La experiencia nos
dice que unos partidos suelen ser más sensibles hacia determinados
valores éticos, mientras que otros lo son hacia otro tipo de valores
morales. Pero cuando lo que está en juego es el mismo derecho a vivir,
no cabe entender que estemos ante una cuestión más, entre tantas otras.
Se trata probablemente del mayor de los dramas morales de nuestra
sociedad. Cada día son exterminadas en España más de trescientas vidas
humanas, a las que se les niega el más elemental de los derechos: el
derecho a vivir. Y esto se hace bajo el amparo de un ley inicua que
reconoce el derecho a abortar, es decir, el derecho a matar.
Si
bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la
oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero (2010),
finalmente, ha terminado por asumir la aberración de considerar al
aborto como un derecho humano. (Conviene puntualizar que no existe en el
mundo otro estado que considere el aborto como un derecho en su
legislación). Desgraciadamente, no es la primera vez que se produce una
deriva semejante en el Partido Popular. Los hechos demuestran que la
supuesta “izquierda” es la que termina marcando el camino a la supuesta
“derecha”. Cada vez existen menos diferencias ideológicas reales entre
los partidos políticos, dado que han asumido todos ellos los valores del
neocapitalismo, el relativismo y la ideología de género. Alguien dijo
que el pensamiento políticamente correcto de nuestros días, se
caracteriza por ser teóricamente marxista, prácticamente liberal, y
psicológicamente freudiano.
La
decisión tomada por el Presidente de Gobierno reabre de una forma
definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la
Iglesia Católica: ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en
la vida política? ¿Es coherente que los católicos se integren en
partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente
contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a
partidos políticos que están en esta situación, basándose en el
principio del “mal menor”? El tiempo ha demostrado que por el camino del
“mal menor” se termina llegando al “mal mayor”. La opción del “mal
menor” solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y
transitoria; sin caer en la tentación de hacer de ella su “santo y
seña”. Y es que… Jesucristo nos enseñó a apostar por el bien; no por el
mal menor.
De
forma similar a como me consta que un número significativo de
militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su
militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas,
tampoco me cabe duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo
propio en el Partido Popular (aunque los aparatos políticos intenten
poner sordina a este hecho). Estamos ante un test importante para medir
nuestra jerarquía de valores: ¿La ideología por encima de los valores
morales? ¿O los valores morales por encima de la ideología? No caben las
componendas; hay que optar.
Los
creyentes tienen un serio problema: en el arco parlamentario actual no
existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto
católico. Para decirlo claramente: un católico que aspire a ser fiel a
los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en
coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el
actual Congreso de Diputados.
El
quehacer de los obispos es la iluminación moral, y no la conformación
de alternativas políticas. He aquí uno de los retos específicos más
importantes de los seglares en este momento. La vocación de los laicos
católicos, a diferencia de los sacerdotes y obispos, es la de hacerse
presentes en la vida pública proponiendo alternativas políticas, capaces
de encarnar de forma coherente en la vida pública los principios que
inspiran la Doctrina Social Católica.
Ni
qué decir tiene que aunque estas reflexiones están referidas
prioritariamente a los católicos, son también aplicables a los miembros
de otras confesiones religiosas, e incluso a no pocos ciudadanos no
creyentes que apuestan por la integridad de los valores morales,
incluyendo el de la inviolabilidad de la vida humana en el seno materno.
La
cuestión es la siguiente: ¿Quién prestará su voz a los que no tienen
voz? ¿Quién está dispuesto a defender el derecho a la vida de cientos de
miles de inocentes que todavía no pueden hablar por sí mismos? ¿Y quién
ofrecerá a las mujeres embarazadas que están en situaciones difíciles
una alternativa a esa trampa mortal llamada “derecho a abortar”?
+ José Ignacio Munilla
Obispo de San Sebastián
